En Quibdó, hablar del Hospital Departamental San Francisco
de Asís no es hablar de un edificio: es hablar de la posibilidad o la ausencia de
atención digna cuando la vida se pone en juego. Por eso, cuando se anuncia una
intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud, el debate se
enciende de inmediato: unos respiran con alivio porque “alguien por fin pone
orden”; otros sienten temor porque “otra vez comienzan los cambios, los rumores
y la incertidumbre”.
El contexto importa. La Supersalud ya había intervenido el
hospital en 2020, y en febrero de 2025 se informó el levantamiento de esa
medida, dejando al hospital bajo vigilancia especial por un año.
Ese antecedente
muestra dos realidades simultáneas: que el Estado sí puede entrar a corregir
fallas graves, pero también que la estabilidad no se logra con un acto
administrativo, sino con gestión sostenida, recursos y transparencia.
A esto se suman señales recientes de presión asistencial. En
noviembre de 2025 se reportó una sobreocupación crítica que afectaba la
prestación oportuna del servicio.
Y cuando un hospital
opera desbordado, la discusión deja de ser técnica y se vuelve humana: filas
interminables, personal agotado, pacientes esperando lo que no debería esperar.
Intervenir, entonces, no puede traducirse en “borrón y
cuenta nueva”. La primera obligación debe ser continuidad: urgencias
funcionando, referencia y contrarreferencia claras, pagos al talento humano y
abastecimiento de insumos esenciales. La medida solo tiene sentido si se vuelve
un plan público con metas verificables: tiempos de atención, recuperación de
cartera, contratación, medicamentos, mantenimiento, seguridad del paciente y,
sobre todo, humanización.
También es clave separar hechos de rumores. Ha circulado la
idea de que “remanentes” de una entidad liquidada podrían trasladarse
automáticamente para salvar la operación de la Nueva ESE. Un comunicado recordó
algo básico: la ESE liquidada (remanentes) y la Nueva ESE son personas
jurídicas distintas, y sus recursos no se pueden “cruzar” libremente.
Además, el mismo
texto señala que los recursos recuperados por la entidad liquidada tienen
destinación específica (pago de acreedores reconocidos y contingencias
judiciales), es decir, no son una “bolsa libre” para resolver problemas
actuales de otra persona jurídica.
Incluso advierte que
modificar arbitrariamente esa destinación puede acarrear responsabilidades,
mencionando el prevaricato por acción.
Entonces, ¿qué debería exigir Quibdó en esta etapa? Tres
cosas: verdad, resultados y participación. Verdad para saber qué se encontró y
qué se va a corregir. Resultados para que la intervención se mida en lo que
importa: menos espera, mejor trato, insumos completos y personal con
estabilidad. Y participación para que usuarios, veedurías, academia y
trabajadores tengan canales de seguimiento: informes periódicos, indicadores de
oportunidad y calidad, y contratación abierta al escrutinio.
El San Francisco de Asís no necesita “salvadores” de turno.
Necesita un acuerdo serio: finanzas claras, talento humano protegido, gestión
clínica fuerte y una gobernanza que rinda cuentas. Porque en Chocó, cuando el
hospital tiembla, tiembla el derecho a la vida.
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