En el Chocó, formarse como docente o entrenador deportivo no es un camino sencillo. Detrás de cada profesional hay años de estudio, esfuerzo personal y, sobre todo, una profunda vocación de servicio. Muchos se han formado en la Universidad Tecnológica del Chocó; otros han buscado oportunidades fuera del departamento, enfrentando limitaciones económicas y sociales para cualificarse. Todos comparten algo en común: han apostado por la educación como base para transformar realidades.
Sin embargo, hoy surge una inquietud que merece ser discutida con seriedad: ¿qué valor tiene la formación universitaria si, al momento de ejercer, se exige nuevamente certificarse para validar competencias ya adquiridas?
En los últimos años, se ha vuelto frecuente la exigencia de cursos adicionales, certificaciones de corta duración o avales expedidos por entidades privadas para desempeñarse en el ámbito deportivo. Esta situación, lejos de fortalecer el sector, genera duplicidad en la validación de conocimientos y termina deslegitimando los procesos formativos desarrollados por las universidades.
Un profesional del deporte no solo recibe formación técnica. En el contexto del Chocó, aprende a trabajar en medio de dificultades, a formar sin recursos, a liderar procesos comunitarios y a acompañar a niños y jóvenes que encuentran en el deporte una oportunidad de vida. Esta formación, que combina lo académico con lo humano, no puede ser reducida a la exigencia de un certificado adicional de pocas horas.
No se trata de desconocer la importancia de la actualización permanente. La formación continua es necesaria en cualquier disciplina. Pero otra cosa muy distinta es convertirla en un requisito obligatorio para ejercer, especialmente cuando se trata de profesionales que ya cuentan con títulos otorgados por instituciones reconocidas y reguladas por el Estado colombiano.
También resulta preocupante que, en algunos casos, sean actores privados quienes definan quién tiene las competencias para ejercer como entrenador o gestor deportivo. Esto plantea un debate de fondo sobre la legitimidad de dichas decisiones y sobre el papel de las universidades como garantes de la formación profesional. En un Estado de derecho, la educación superior no puede ser subordinada a validaciones externas sin un marco claro y concertado.
En el Chocó, esta situación tiene implicaciones profundas. Aquí, el deporte cumple una función social que trasciende lo competitivo: es una herramienta de inclusión, prevención y construcción de tejido social. Limitar el ejercicio de entrenadores y docentes mediante requisitos adicionales no solo afecta a los profesionales, sino también a las comunidades que dependen de estos procesos.
Por ello, es necesario abrir un diálogo serio y constructivo entre el Estado, las universidades y los actores del sistema deportivo. Se requiere reconocer la formación académica como base legítima del ejercicio profesional, establecer reglas claras sobre la certificación de competencias y evitar cargas innecesarias que debiliten el sector.
El llamado es a la reflexión colectiva. A defender el valor de la educación. A reconocer que, en territorios como el Chocó, formar, enseñar y entrenar es mucho más que una profesión: es un compromiso con la vida.
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